| De cine |
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Por Leo Sánchez El verano es época de grandes estrenos, ya no tan grandes desde Los diez mandamientos, o de estrenos atrasados en cines al aire libre con la caseta de los granizados en la puerta. Desde luego, no es época de quedarse en casa viendo películas bajadas de internet. El verano es una buena época para el cine, así que aprovechémoslo para hablar de algunos problemas de la actualidad cultural.
 En declaraciones hechas a El País hace no mucho, el presidente de la Academia de Cine hablaba de cómo su sector no iba a ser menos que el resto al asumir los recortes impuestos por la crisis económica. Lo que Álex de la Iglesia venía a plantear era que el carácter cultural de una actividad profesional no libera a ésta de la solidaridad con otras actividades más prosaicas; en última instancia, que todo se reduce a gente que intenta ganarse la vida haciendo lo que sabe hacer. Y es cierto. El gran cómico Jackie Mason negaba que su trabajo, contrariamente a la opinión general, consintiera en hacer feliz a la gente, idea que ilustraba comparando la utilidad de un cómico con la de un fontanero cuando se te estropea el inodoro en fin de semana: ¿quién te hace más feliz? Pero también es cierto que, por encima de puntos de vista más o menos voluntariosos, sí existen profesiones que son más que otras. En sus declaraciones, Álex de la Iglesia no reparaba en que los recortes estatales al cine son aplicables a las subvenciones que reciben empresas privadas, mientras que los recortes a los empleados del Estado se aplican a sus sueldos -como un músico ilustre nos recuerda, no es lo mismo-. Del mismo modo, los profesionales de la cultura tienen un Ministerio al que pueden encomendarse, mientras que una miríada de autónomos dedicados al resto de servicios es abandonada a su suerte en un mercado libre, no intervenido salvo en lo referente a exacciones. La Administración interviene alegremente en el mercado de la cultura; lo falsea, lo infla y lo deja en evidencia cuando llegan los malos tiempos. ¿Podría hoy la Comunidad de Madrid financiar una película como hizo en 2008 con motivo de la conmemoración del 2 de mayo? Claro que no, pero ¿debía haberlo hecho entonces? La respuesta es la misma. Un ejemplo distinto de intervención sobre el cine lo hallamos en Cataluña, donde la Generalitat hace tiempo que trabaja para imponer cuotas de proyecciones en catalán. Los empresarios han protestado por las repercusiones económicas que la nueva ley acarreará a un sector ya en crisis, pero en realidad la cuestión va mucho más allá: ya no hablamos de recortes económicos sino de recortes a la libertad de actividad económica. Puestos a intervenir, si el gobierno catalán considera el cine en este idioma un bien público tal vez debería abrir salas autonómicas para garantizarlo, igual que garantiza la sanidad o la educación, o bien crear cines concertados, con entradas más baratas. Tal como van las cosas, esta idea descabellada no deja de tener su lógica, porque al fin y al cabo la intervención de las administraciones públicas en el mundo de la cultura ya alcanza cotas de competencia desleal, tanto interna (entre profesionales afectos y desafectos) como con otros sectores económicos. © Cuadernos de Jazz, 2010
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